SEMARNAT plantea nueva ley ambiental con enfoque de justicia social y protección de los ecosistemas
En respuesta a los nuevos desafíos ambientales que enfrenta el país y el mundo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) presentó una propuesta para renovar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objetivo de fortalecer la justicia ambiental, la participación ciudadana y la protección del patrimonio natural de México.
La dependencia federal explicó que la iniciativa surge ante la necesidad de actualizar una legislación que data de 1988, incorporando avances científicos, innovación tecnológica y conocimientos ancestrales para enfrentar problemáticas actuales como el cambio climático, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad.
Entre los principales cambios, la propuesta contempla el fortalecimiento de las acciones preventivas, la restauración de ecosistemas y la creación de nuevas herramientas para responder a retos ambientales emergentes. Además, busca ofrecer mayor certidumbre jurídica tanto para comunidades como para proyectos de inversión vinculados al desarrollo sostenible.
SEMARNAT destacó que la nueva ley pone en el centro el derecho de las personas a un medio ambiente sano, garantizando mecanismos para la protección de comunidades, el acceso a la información ambiental y el fortalecimiento de la justicia en esta materia. Asimismo, busca contribuir a la salud y al bienestar de las futuras generaciones.
La iniciativa también promueve la recuperación de ecosistemas, la protección de especies emblemáticas, el impulso al reciclaje y acciones para reducir los impactos de la contaminación sobre los recursos naturales y los medios de vida de la población.
Dentro de la propuesta se establecen diez principios rectores de justicia ambiental, entre los que destacan la prevención del daño ecológico, la conservación y restauración de los ecosistemas, la gestión territorial con participación social, la promoción de una cultura ambiental y la protección de quienes defienden los bienes naturales del país.
La dependencia sostiene que el patrimonio natural constituye la base del bienestar y la prosperidad nacional, por lo que la nueva legislación busca consolidar una relación más equilibrada entre el desarrollo económico, la justicia social y la conservación ambiental.
Finalmente, la propuesta retoma el principio del Humanismo Mexicano que señala que el desarrollo y el bienestar de la población deben fortalecerse mediante el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente.
