Pacto social: el Estado retoma el centro

El Gobierno de México presentó un balance legislativo que marca un giro en la vida pública nacional: 27 reformas constitucionales y 76 legales que buscan recuperar el sentido social de la Constitución y colocar al pueblo en el centro de las decisiones. El documento, titulado “Un nuevo pacto social que pone en el centro al pueblo”, plantea la recuperación de la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos como PEMEX, CFE y el tren de pasajeros, además de blindar al país frente a injerencias extranjeras y al crimen organizado.

Las reformas abarcan varios frentes. En soberanía nacional se prohíbe el maíz transgénico, se garantiza el derecho humano al agua y se establece la nulidad de elecciones en caso de intervención externa. En democracia y austeridad se eliminan privilegios, se sustituyen órganos costosos como INAI, IFT y Cofece, y se fortalece la consulta popular. En seguridad y justicia se endurece la persecución de delitos de alto impacto —extorsión, tráfico de fentanilo, feminicidio— y se plantea la elección democrática de jueces y ministros.

El pacto también eleva a rango constitucional los programas de bienestar, fija la jornada laboral en 40 horas, reconoce el derecho a vivienda digna y garantiza seguridad social en plataformas digitales. En materia de derechos de mujeres, niñez e indígenas se refuerza la igualdad sustantiva, se combate la violencia digital y escolar, y se reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público con acceso directo al presupuesto.

El mensaje es claro: el Estado retoma el control y coloca al pueblo en el centro de las decisiones, con un rediseño institucional que busca blindar elecciones, garantizar justicia y abrir paso a un modelo de bienestar compartido.