Diputados aprueban reforma que limita doble nacionalidad para aspirantes a la Presidencia y gubernaturas
Con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención, el pleno de San Lázaro aprobó en lo general y en lo particular modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma plantea que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán mantener exclusivamente la nacionalidad mexicana para ejercer dichos cargos, evitando adquirir o invocar otra nacionalidad durante su mandato.
Uno de los puntos centrales establece que las personas que ocupen la Presidencia o una gubernatura no podrán solicitar una nacionalidad distinta a la mexicana, utilizar documentación oficial emitida por otro país para acreditar una ciudadanía extranjera ni acogerse a la protección diplomática de otra nación.
En el caso de la Ciudad de México, el proyecto señala que quienes aspiren a la Jefatura de Gobierno deberán ser mexicanos por nacimiento y, de contar con otra nacionalidad, renunciar a ella antes de registrarse como candidatos conforme a la legislación aplicable.
Durante la discusión, legisladores de diferentes grupos parlamentarios presentaron reservas a diversos artículos y transitorios del dictamen. Sin embargo, la mayoría fueron retiradas, enviadas para su publicación en el Diario de los Debates o desechadas por el pleno.
De acuerdo con el régimen transitorio, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y será aplicable a partir del proceso electoral de 2028. Además, no afectará a las personas que ya se encuentren en funciones en los cargos contemplados por la modificación constitucional.
La propuesta también obliga al Congreso de la Unión a armonizar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral en un plazo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa avanza ahora al Senado de la República, donde deberá ser analizada y votada para completar el proceso legislativo.
